Como todos los años, la presentación del proyecto de ley de Presupuesto por parte del gobierno ha empezado a generar análisis y contraanálisis desde distintos sectores. Todos con el adjetivo a flor de labios, ora para destacar sus bondades, sugiriendo que Chile será otro país tras el fin de su ejecución en diciembre de 2012, ora para relevar las inconsistencias entre las promesas presidenciales y los recursos que para cumplirlas se disponen. Ni tanto ni tan calvo. Los presupuestos del Estado se deben analizar en el marco de tendencias. Un año no cambiará nada. Las políticas públicas, aquellas que generan transformaciones de largo plazo, son ejercicios plurianuales y que dejan instaladas, tras el esfuerzo inicial, líneas de financiamiento sostenidas y sostenibles en el tiempo. El presupuesto fiscal es la expresión financiera de las voluntades políticas de un gobierno. Quienes trabajan en el Estado lo saben: aparecer, aunque sea en una línea del proyecto de ley, es garantía de respaldo y proyección. No aparecer es casi sinónimo no existir en un mundo dominado por un lenguaje de glosas, partidas, títulos y subtítulos.
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La propuesta presentada por el gobierno al Congreso trajo, para quienes creemos en la necesidad de fortalecer la dimensión digital del desarrollo nacional, una muy mala noticia: el país se quedó sin Estrategia Digital. Sí, el Programa 070106 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (“Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile”) y que entregaba recursos a la Secretaría Ejecutiva de la Estrategia Digital, fue eliminado.
En el medio hace meses se sabía de la dificultades que estaba enfrentando la Estrategia Digital al interior del Gobierno, que entre otras cosas provocaron la renuncia de Alfredo Barriga, el primer y quizá último Secretario Ejecutivo de la Estrategia durante este gobierno, quien no contó con las herramientas para revertir lo que él mismo denominó, al hacer un balance público (sin ninguna autocrítica, por cierto) a su gestión, “la cruda realidad del Agenda Digital en Chile”. Meses antes, el gobierno decidió potenciar la línea de gobierno electrónico, trasladando equipos y fondos al programa de Modernización del Estado en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, aunque tal como grafica el presupuesto solicitado para el 2012 ello no implica invertir más recursos. Lo que en aquel momento fue un rumor, ahora se confirma: tras dejar a la deriva los otros componentes del programa, el 31 de diciembre serán cerrados o transferidos a otras reparticiones. Nada de esto está claro, porque no ha habido comunicación pública, salvo lo ocurrido con gobierno electrónico.
El cierre del programa de la Estrategia Digital marca un hito. El Estado de Chile inició durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle un proceso masivo de incorporación de tecnologías, con especial atención en la puesta en línea de trámites públicos para facilitar la interacción con el ciudadano. Durante el gobierno de Lagos, este esfuerzo centrado en la gestión propia del Estado, dio paso a una ambiciosa Agenda Digital. Esta cubría diversos ámbitos, entre otros, la masificación del acceso de las personas a computadores e Internet y su desarrollo de competencias digitales, incentivos para el fortalecimiento de la industria de tecnologías de información y comunicación en el país, y la profundización del e-government. Se nombró, además, al primer CIO (Chief Information Officer) que tuvo el Estado, el entonces subsecretario de Economía, Alvaro Díaz, pero quedó pendiente el desafío de institucionalizar la labor, sostenida en buena medida por la firme voluntad presidencial en este ámbito.
Precisamente, es durante el gobierno de Michelle Bachelet que se avanza en esa dirección, a través de la consolidación del programa de la Estrategia Digital, que lanzó el plan 2007-2012.
Fruto de este largo ciclo que cubre tres gobiernos son, entre otras iniciativas destacadas a nivel mundial, la declaración y pago de impuestos en línea que lideró el SII; el portal Mercado Público (originalmente, Chilecompras); el portal Chile Clic; los programa Enlaces (iniciado durante el gobierno de Aylwin) y BiblioRedes; los subsidios que la Subtel entregó a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que permitieron llegar con conectividad a las zonas más remotas del país; y la instalación gradual de un PMG (Programa de Mejoramiento de la Gestión) de Gobierno Electrónico, cuyo objetivo final es que todos los trámites y procesos internos del Estado que puedan estar en línea, lo estén.
No obstante, como en su momento destacara Alejandro Barros, uno de los cuatro secretarios ejecutivos de la Estrategia Digital durante el gobierno de Bachelet, “los temas TIC no son tema” y en el país el Estado sigue siendo el principal poder comprador de tecnología. El menor peso político hacia fines de la década pasada, terminó por restar prioridad al desarrollo digital en las políticas públicas.
En este contexto, las promesas de campaña de Sebastián Piñera, enunciadas en la cena anual de la ACTI (la asociación gremial del sector) el 2009, llamaron la atención y dieron pie para pensar que en este gobierno el desarrollo digital sería una prioridad presidencial.Incluso, convencido el candidato de dar un salto sustancial, apostó por crear una nueva institucionalidad, convirtiendo el Ministerio de Economía en un Ministerio de Innovación, Emprendimiento y Desarrollo. Cuando aún no se cumplen dos años de la gestión, no solo eso no ha ocurrido, sino que se decide poner fin a la institucionalidad heredada sin crear una alternativa, en momentos que nuestra ubicación en los rankings internacionales en la materia empieza a caer y la necesidad de un mayor impulso es evidente. Repasar las otras promesas es un ejercicio amargo, al constatar que muchas de ellas no avanzaron más allá de la diapositiva del PowerPoint (partiendo por la gran apuesta, el subsidio a la demanda de computadores y conexiones domiciliarias en Internet, que aseguraría que cada familia de Chile tendría acceso permanente y de calidad en sus propias casas al término de su gobierno).
Hace un tiempo, con un grupo de amigos escribimos una carta en la que afirmamos que “el futuro de Chile será digital o no será”. Hoy, cuando las diversas desigualdades que nos desafían a repensarnos como país dominan la agenda, parece un despropósito no hacer de la transición hacia la sociedad de la información una oportunidad de construir un país más equitativo. Se podrá argumentar que desde distintos frentes (salud, educación, gobierno electrónico, apoyo al emprendimiento, etc.) el gobierno seguirá impulsando el desarrollo digital, pero el desmantelamiento de la institucionalidad vigente impedirá la adecuada constitución de una visión país en el ámbito, algo que la propia industria está criticando. Un error que podemos pagar caro porque es, literalmente, dejar a Chile sin Estrategia Digital en tiempos de bits.
