La línea editorial de El Mercurio, desde sus orígenes, se ha caracterizado por ser de una tendencia política editorial conservadora, situación que quedó de manifiesto en la férrea oposición del diario a la candidatura de Salvador Allende en 1970 primero y a su posterior gobierno después. Son célebres la fotografías que muestran diversas pancartas que dicen "Chileno: El Mercurio Miente", primero en el marco de la reforma universitaria de los sesenta y setenta, y luego como protesta ante los rectores designados por la dictadura en los años ochenta.
A fines de los años 1990, archivos desclasificados de la CIA revelaron que El Mercurio, junto con otros medios de comunicación chilenos, recibió financiamiento (más de un millón y medio de dólares estadounidenses) y lineamiento editorial del gobierno de Richard Nixon con el objeto de desestabilizar al gobierno de Allende. Consecuentemente, mostró un sostenido apoyo al subsecuente régimen militar encabezado por Augusto Pinochet. Pese a lo anterior, y como toda la prensa adscrita al régimen, junto con su competidor La Tercera y el oficialista La Nación, tendieron a desvirtuar, negar o desmerecer todos los antecedentes que avalaban la comisión de graves violaciones a los derechos humanos. Tanto así que no fue hasta mucho después de la publicación del "Informe Rettig" en 1991, cuando el periódico abandonó la utilización del calificativo de "presuntos detenidos desaparecidos" para referirse a víctimas de violaciones a los derechos humanos
A fines de los años 1990, archivos desclasificados de la CIA revelaron que El Mercurio, junto con otros medios de comunicación chilenos, recibió financiamiento (más de un millón y medio de dólares estadounidenses) y lineamiento editorial del gobierno de Richard Nixon con el objeto de desestabilizar al gobierno de Allende. Consecuentemente, mostró un sostenido apoyo al subsecuente régimen militar encabezado por Augusto Pinochet. Pese a lo anterior, y como toda la prensa adscrita al régimen, junto con su competidor La Tercera y el oficialista La Nación, tendieron a desvirtuar, negar o desmerecer todos los antecedentes que avalaban la comisión de graves violaciones a los derechos humanos. Tanto así que no fue hasta mucho después de la publicación del "Informe Rettig" en 1991, cuando el periódico abandonó la utilización del calificativo de "presuntos detenidos desaparecidos" para referirse a víctimas de violaciones a los derechos humanos
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